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Acuerdos Bilaterales en temas de inversión

Acuerdo Bilateral España- Costa Rica

Ley No. 7869

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN

RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE LA REPÚBLICA DE

COSTA RICA Y EL REINO DE ESPAÑA

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase, en cada una de sus partes, el Acuerdo para

la Promoción y Protección Recíproca de Inversión entre la República de Costa

Rica y el Reino de España, suscrito el 8 de julio de 1997. El texto literal es el

siguiente:

“ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA

DE INVERSIONES ENTRE LA REPÚBLICA DE

COSTA RICA Y EL REINO DE ESPAÑA

La República de Costa Rica y el Reino de España, en adelante “las Partes

Contratantes”,

Deseando intensificar la cooperación económica en beneficio recíproco de

ambos países,

Proponiéndose crear condiciones favorables para las inversiones

realizadas por inversores de cada una de las Partes Contratantes en el territorio

de la otra, y

Reconociendo que la promoción y protección de las inversiones con

arreglo al presente Acuerdo estimula las iniciativas en este campo,

Han convenido lo siguiente:

ARTÍCULO I

 

DEFINICIONES

A los efectos del presente Acuerdo:

1.- Por inversores se entenderá, con relación a cualquiera de las Partes

Contratantes:

a) personas físicas que tengan la nacionalidad de una de las Partes

Contratantes con arreglo a su legislación.

b) empresas, entendiendo por tales, personas jurídicas, incluidas

compañías, asociaciones de compañías, corporaciones, sociedades

mercantiles y cualquier otra organización que se encuentre constituida

o, en cualquier caso, debidamente organizada según el derecho de esa

Parte Contratante, y que tenga su sede o domicilio en el territorio de

dicha Parte Contratante independientemente de que su actividad tenga

o no fines de lucro.

2.- Por “inversiones” se designa todo tipo de activos que el inversor de

una Parte Contratante invierte en el territorio de la otra Parte Contratante y

en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes:

a) acciones, títulos, obligaciones y cualquier otra forma de participación

en sociedades;

b) obligaciones, créditos y cualquier otro derecho a prestaciones

contractuales que tengan un valor económico. Los préstamos estarán

incluidos siempre que estén vinculados a una inversión;

c) bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales tales

como hipotecas, derechos de prenda, usufructos y derechos similares;

d) derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de autor,

derechos conexos; derechos de propiedad industrial, tales como

marcas de fábrica o de comercio, denominaciones de origen o

indicaciones geográficas, dibujos, modelos industriales, patentes y

fondo de comercio o derecho de llave;

e) derechos para realizar actividades económicas y comerciales

otorgados por ley o en virtud de un contrato, incluidas las concesiones

para la prospección, cultivo, extracción o explotación de los recursos

naturales.

Cualquier cambio en la forma en que estén invertidos o reinvertidos

los activos no afectará su calificación de inversión.

Igualmente se considerarán inversiones las realizadas en el territorio

de una Parte Contratante por empresas de esa misma Parte Contratante que

estén efectivamente controladas por inversores de la otra Parte Contratante.

Para mayor certeza, se considerará que una empresa de una Parte está

efectivamente controlada por inversores de la otra Parte Contratante cuando

estos últimos tengan la facultad de designar a la mayoría de sus directores o

de dirigir legalmente de otro modo sus operaciones.

3.- El término “rentas de inversión” se refiere a los rendimientos

derivados de una inversión e incluye, en particular, aunque no

exclusivamente, beneficios, dividendos, intereses, ganancias de capital,

regalías y cánones.

4.- El término “territorio” designa el territorio terrestre, el espacio aéreo y

el mar territorial de cada una de las Partes Contratantes así como la zona

económica exclusiva y la plataforma continental que se extiende fuera del

límite del mar territorial de cada una de las Partes Contratantes sobre la cual

estas tienen o pueden tener, de acuerdo con el derecho internacional,

jurisdicción y derechos soberanos a efectos de explotación, exploración y

preservación de los recursos naturales.

ARTÍCULO II

PROMOCIÓN Y ADMISIÓN

1.- Cada Parte Contratante promoverá y creará condiciones favorables para la

realización de inversiones en su territorio por inversores de la otra Parte

Contratante y admitirá estas inversiones conforme a sus disposiciones legales.

2.- Con la finalidad de incrementar los flujos de inversión, cada Parte

Contratante se esforzará, a petición de la otra Parte Contratante, en informar a

esta última de las oportunidades de inversión en su territorio.

3.- Cuando una Parte Contratante haya admitido una inversión en su territorio

concederá, de conformidad con sus leyes y reglamentos, los permisos necesarios

en relación con dicha inversión así como los requeridos para la ejecución de

contratos de licencia, de asistencia técnica, comercial o administrativa. Cada

Parte Contratante concederá, de acuerdo con su legislación, cada vez que sea

necesario, las autorizaciones requeridas en relación con las actividades de

consultores o de personal cualificado o calificado, cualquiera que sea su

nacionalidad.

4.- El presente Acuerdo se aplicará, a partir de su vigencia, también a las

inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del mismo por los inversores

de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante.

 

 

ARTÍCULO III

PROTECCIÓN

1.- Las inversiones realizadas por inversores de una Parte Contratante en el

territorio de la otra Parte Contratante deberán recibir en todo momento un

tratamiento justo y equitativo y disfrutarán de plena protección y seguridad.

Ninguna de las Partes Contratantes deberá, en ningún caso, otorgar a tales

inversiones un tratamiento menos favorable que el requerido por el Derecho

Internacional.

2.- Ninguna de las Partes Contratantes obstaculizará en modo alguno,

mediante medidas arbitrarias o discriminatorias, el funcionamiento, la gestión, el

mantenimiento, la utilización, el disfrute, la venta o, en su caso, la liquidación de

tales inversiones. Cada Parte Contratante deberá cumplir cualquier obligación

que hubiere contraído en relación con las inversiones de inversores de la otra

Parte Contratante.

ARTÍCULO IV

TRATAMIENTO NACIONAL Y CLÁUSULA

DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

1.- Una vez admitida la inversión, cada Parte Contratante otorgará en su

territorio a las inversiones o rentas de inversión de inversores de la otra Parte

Contratante un tratamiento que no será menos favorable que el otorgado a las

inversiones o rentas de inversión de sus propios inversores o a las inversiones o

rentas de inversión de inversores de cualquier tercer Estado, el que sea más

favorable al inversor.

2.- Este tratamiento no se extenderá, a los privilegios que una Parte

Contratante pueda conceder a los inversores de un tercer Estado, en virtud de su

asociación o participación, actual o futura, en una zona de libre comercio, unión

aduanera, mercado común, unión económica y monetaria u otras instituciones de

integración económica similar.

3.- El tratamiento concedido con arreglo al presente artículo no incluirá las

ventajas de cualquier preferencia, tratamiento o privilegio que cualquiera de las

Partes Contratantes pueda otorgar a las inversiones de sus propios inversores o a

las inversiones de cualquier tercer Estado en virtud de un acuerdo internacional

relacionado total o parcialmente con tributación, incluidos los acuerdos para evitar

la doble imposición, o en virtud de cualquier legislación interna relacionada total o

principalmente con tributación.

ARTÍCULO V

NACIONALIZACIÓN Y EXPROPIACIÓN

1.- Las inversiones o rentas de inversión de inversores de una Parte

Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante no serán sometidas a

nacionalización, expropiación ni a cualquier otra medida de efectos equivalentes

(en adelante “expropiación”) excepto que cualquiera de esas medidas se adopte

por razones de utilidad pública o interés público, conforme a las disposiciones

legales, de manera no discriminatoria y esté acompañada del pago de una

indemnización pronta, adecuada y efectiva.

2.- La indemnización será equivalente al valor justo de mercado que la

inversión expropiada tenía inmediatamente antes de que se adopte la medida de

expropiación o antes de que la inminencia de la misma sea de conocimiento

público, lo que suceda primero (en adelante “fecha de valoración”). La

indemnización se abonará sin demora, será efectivamente realizable y libremente

transferible.

3.- El valor justo de mercado se calculará en una moneda libremente

convertible, al tipo de cambio vigente en el mercado para esa moneda en la fecha

de valoración. La indemnización incluirá intereses a un tipo comercial fijado con

arreglo a criterios de mercado para dicha moneda, hasta la fecha de pago.

4.- El inversor afectado tendrá derecho, de conformidad con la ley de la Parte

Contratante que realice la expropiación, a la pronta revisión, por parte de la

autoridad judicial u otra autoridad competente e independiente de dicha Parte

Contratante, de su caso para determinar si la expropiación y la valoración de su

inversión se han adoptado de acuerdo con los principios establecidos en este

artículo.

5.- Si una Parte Contratante expropiara los activos de una empresa que esté

constituida en su territorio de acuerdo con su legislación vigente y en la que exista

participación de inversores de la otra Parte Contratante, la primera Parte

Contratante deberá asegurar que las disposiciones del presente artículo se

apliquen de manera que se garantice a dichos inversores una indemnización

pronta, adecuada y efectiva.

ARTÍCULO VI

COMPENSACIÓN POR PÉRDIDAS

1.- A los inversores de una Parte Contratante cuyas inversiones o rentas de

inversión en el territorio de la otra Parte Contratante sufran pérdidas debidas a

guerra u otro conflicto armado, revolución, un estado de emergencia nacional,

insurrección, disturbio o cualquier otro acontecimiento similar, se les concederá, a

título de restitución, indemnización, compensación u otro acuerdo, un tratamiento

no menos favorable que aquel que la última Parte Contratante conceda a sus

propios inversores o a los inversores de cualquier tercer Estado, el que sea más

favorable al inversor afectado. Los pagos que resultasen deberán ser libremente

transferibles.

2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 1) de este artículo, a los inversores

de una Parte Contratante que sufrieran pérdidas en cualquiera de las situaciones

señaladas en dicho apartado en el territorio de la otra Parte Contratante a

consecuencia de:

a) la requisición de sus inversiones o de parte de sus inversiones por

las fuerzas o autoridades de la última Parte Contratante; o

b) la destrucción, no requerida por la necesidad de la situación, de sus

inversiones o de parte de sus inversiones por las fuerzas o las autoridades

de la última Parte Contratante, se les concederá por la última Parte

Contratante, una restitución o compensación adecuada, efectiva, en moneda

libremente convertible y libremente transferible.

ARTÍCULO VII

TRANSFERENCIAS

1.- Cada Parte Contratante garantizará a los inversores de la otra Parte

Contratante la libre transferencia de todos los pagos relacionados con sus

inversiones y en particular, pero no exclusivamente, los siguientes:

a) el capital inicial y las sumas adicionales necesarias para el

mantenimiento, ampliación y desarrollo de la inversión;

b) las rentas de inversión, tal y como han sido definidas en el artículo I;

c) los fondos necesarios para el reembolso de préstamos vinculados a

una inversión;

d) las indemnizaciones compensaciones previstas en los artículos V y

VI;

e) el producto de la venta o liquidación, total o parcial, de una inversión;

f) los sueldos y demás remuneraciones percibidas por el personal

contratado en relación con una inversión;

g) los pagos resultantes de la solución de controversias.

2.- Las transferencias a las que se refiere el presente Acuerdo se realizarán sin

demora, en moneda libremente convertible al tipo de cambio de mercado vigente

el día de la transferencia.

3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, las Partes Contratantes

podrán tomar medidas, de manera equitativa, no discriminatoria y de buena fe al

amparo de su legislación relativa a evitar acciones fraudulentas y velar por el

cumplimiento de obligaciones fiscales. Dichas medidas no podrán afectar la

sustancia de los principios previstos en este artículo.

4.- Las Partes Contratantes concederán a las transferencias a que se refiere el

presente artículo un tratamiento no menos favorable que el concedido a las

transferencias de los pagos relacionados con las inversiones de inversores de

cualquier tercer Estado.

5.- No obstante lo estipulado en el apartado primero del presente artículo, cada

Parte Contratante, en circunstancias de dificultades excepcionales de balanza de

pagos, podrá establecer controles temporales a las transferencias siempre y

cuando se instrumenten medidas o un programa conforme a criterios

internacionalmente aceptados. Estas limitaciones se establecerán por un período

limitado, de forma equitativa, no discriminatoria y de buena fe.

ARTÍCULO VIII

CONDICIONES MÁS FAVORABLES

1.- Si de las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes, o de las

obligaciones emanadas del derecho internacional al margen del presente

Acuerdo, actuales o futuras, entre las Partes Contratantes, resultare una

reglamentación general o especial en virtud de la cual deba concederse a las

inversiones de inversores de la otra Parte Contratante un trato más favorable que

el previsto en el presente Acuerdo, dicha reglamentación prevalecerá sobre el

presente Acuerdo, en cuanto sea más favorable.

2.- Las condiciones más favorables que las del presente Acuerdo que hayan

sido convenidas por una de las Partes Contratantes con los inversores de la otra

Parte Contratante no se verán afectadas por el presente Acuerdo.

ARTÍCULO IX

PRINCIPIO DE SUBROGACIÓN

Si una Parte Contratante o la agencia por ella designada realizara un pago

en virtud de un contrato de seguro o garantía otorgado contra riesgos no

comerciales en relación con una inversión de cualquiera de sus inversores en el

territorio de la otra Parte Contratante, esta última Parte Contratante reconocerá el

principio de subrogación de cualquier derecho o título de dicho inversor en favor

de la primera Parte Contratante o de su agencia designada y el derecho de la

primera Parte Contratante o de su agencia designada a ejercer, en virtud de la

subrogación, cualquier derecho o título en la misma medida que su anterior titular.

Esta subrogación hará posible que la primera Parte Contratante o la agencia por

ella designada sean beneficiarias directas de todo tipo de pagos por

indemnización o compensación a los que pudiese ser acreedor el inversor inicial.

ARTÍCULO X

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES

1.- Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la

interpretación o aplicación del presente Acuerdo será resuelta, hasta donde sea

posible, por vía diplomática.

2.- Si la controversia no pudiera resolverse de ese modo en el plazo de seis

meses desde el inicio de las negociaciones, será sometida, a petición de

cualquiera de las dos Partes Contratantes, a un tribunal de arbitraje.

3.- El tribunal de arbitraje se constituirá del siguiente modo: cada Parte

Contratante designará un árbitro y estos dos árbitros elegirán a un ciudadano de

un tercer Estado como presidente. Los árbitros serán designados en el plazo de

tres meses, y el presidente en el plazo de cinco meses, desde la fecha en que

cualquiera de las dos Partes Contratantes hubiera comunicado a la otra Parte

Contratante de su intención de someter el conflicto a un tribunal de arbitraje.

4.- Si dentro de los plazos previstos en el apartado 3) de este artículo no se

hubieran realizado los nombramientos necesarios, cualquiera de las Partes

Contratantes podrá, en ausencia de otro acuerdo, invitar al Presidente de la Corte

Internacional de Justicia a realizar las designaciones necesarias. Si el Presidente

de la Corte Internacional de Justicia no pudiera desempeñar dicha función o fuera

nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, se invitará al Vicepresidente

para que efectúe las designaciones pertinentes. Si el Vicepresidente no pudiera

desempeñar dicha función o fuera nacional de cualquiera de las Partes

Contratantes las designaciones serán efectuadas por el Miembro de la Corte

Internacional de Justicia que le siga en antigüedad que no sea nacional de

ninguna de las Partes Contratantes.

5.- El tribunal de arbitraje emitirá su dictamen sobre la base de las normas

contenidas en el presente Acuerdo o en otros acuerdos vigentes entre las Partes

Contratantes, y sobre los principios universalmente reconocidos de Derecho

Internacional.

6.- A menos que las Partes Contratantes lo decidan de otro modo, el tribunal

establecerá su propio procedimiento.

7.- El tribunal adoptará su decisión por mayoría de votos y aquella será

definitiva y vinculante para ambas Partes Contratantes.

8.- Cada Parte Contratante correrá con los gastos del árbitro por ella

designado y los relacionados con su representación en los procedimientos

arbitrales. Los demás gastos, incluidos los del Presidente, serán sufragados por

partes iguales por ambas Partes Contratantes.

ARTÍCULO XI

CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE E

INVERSORES DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE

1.- Toda controversia relativa a las inversiones que surja entre una de las

Partes Contratantes y un inversor de la otra Parte Contratante respecto a

cuestiones reguladas por el presente Acuerdo será notificada por escrito,

incluyendo una información detallada, por el inversor a la Parte Contratante

receptora de la inversión. En la medida de lo posible, las Partes en controversia

tratarán de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso.

2.- Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta forma en un plazo de seis

meses a contar desde la fecha de notificación escrita mencionada en el párrafo 1,

el inversor podrá remitir la controversia:

a) a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo

territorio se realizó la inversión;

b) a un tribunal de arbitraje internacional de los que se citan a

continuación:

i) al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a

Inversiones (CIADI) creado por el “Convenio sobre el Arreglo de

Diferencias Relativas e Inversiones entre Estados y Nacionales de otros

Estados”, abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965,

cuando cada Estado Parte en el presente Acuerdo se haya adherido a

aquel;

ii) en caso de que una de las Partes Contratantes no fuera Estado

Contratante del CIADI, la controversia se resolverá conforme al

Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos

de Conciliación, Arbitraje y Comprobación de Hechos por la Secretaría

del CIADI;

iii) a un tribunal de arbitraje ad hoc establecido de acuerdo con el

Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el

Derecho Comercial Internacional (CNUDMI), cuando ninguna de las

Partes Contratantes sea parte de CIADI.

3.- Una vez que el inversor haya remitido la controversia a un tribunal arbitral,

esta decisión será definitiva. Si el inversor hubiera sometido la controversia al

tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la

inversión, este podrá, asimismo, recurrir a los tribunales de arbitraje mencionados

en el presente artículo, siempre y cuando dicho tribunal nacional no hubiera

emitido sentencia. En este último caso el inversor deberá adoptar las medidas

que se requieran a fin de desistir definitivamente de la instancia judicial en curso.

4.- El arbitraje se basará en:

a) las disposiciones del presente Acuerdo y las de otros Acuerdos

concluidos entre las Partes Contratantes;

b) el derecho nacional de la Parte Contratante en cuyo territorio se ha

realizado la inversión, incluidas las reglas relativas a los conflictos de ley; y

c) las reglas y los principios generalmente admitidos de Derecho

Internacional;

5.- La Parte Contratante que sea parte en la controversia no podrá invocar en

su defensa el hecho de que el inversor, en virtud de que un contrato de seguro o

garantía, haya recibido o vaya a recibir una indemnización u otra compensación

por el total o parte de las pérdidas sufridas.

6.- Las decisiones arbitrales serán definitivas y vinculantes para las partes en

la controversia. Cada Parte Contratante se compromete a ejecutar las sentencias

de acuerdo con su legislación nacional.

ARTÍCULO XII

ENTRADA EN VIGOR, PRÓRROGA, DENUNCIA

1.- El presente Acuerdo entrará en vigor la fecha en que las Partes

Contratantes se hayan notificado recíprocamente que las respectivas formalidades

constitucionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos internacionales

han sido cumplidas. Permanecerá en vigor por un período inicial de diez años y

será prorrogado indefinidamente salvo que alguna de las Partes Contratantes

denuncie el mismo conforme al inciso 2) del presente artículo.

2.- Cada Parte Contratante podrá denunciar el presente Acuerdo mediante

notificación previa por escrito, seis meses antes de la fecha de su expiración.

3.- Con respecto a las inversiones realizadas con anterioridad a la fecha de

denuncia del presente Acuerdo, las disposiciones contenidas en los restantes

artículos de este Acuerdo seguirán estando en vigor por un período adicional de

diez años a partir de la fecha de denuncia.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos plenipotenciarios han firmado el presente Acuerdo.  

HECHO en dos originales en lengua española, que hacen igualmente fe, en San José, a 8 de julio de 1997. POR LA REPÚBLICA DE COSTA RICA POR EL REINO DE ESPAÑA José Manuel Salazar Xirinachs Ignacio Aguirre Borrell” Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los trece días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve. COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVOLuis Fishman Zonzinski PRESIDENTEManuel Ant. Bolaños Salas Irene Urpí PachecoPRIMER SECRETARIO SEGUNDA SECRETARIAdr.-Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los cinco días delmes de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Ejecútese y publíqueseMIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA Anabel González CampabadalMINISTRA A.I. DE COMERCIO EXTERIOR

Sanción: 05-05-1999Publicación: 21-05-1999 Gaceta: 98

 Fuente : MInisterio de Comercio Exterior